Al complejo militar-industrial se le podría agregar otro
adjetivo compuesto: bancario-financiero. Las inversiones en armas de la banca
española y de la extranjera (con sucursales en el estado español) ha
experimentado “un extraordinario aumento”, según el análisis publicado en
octubre de 2013 por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau (de la organización
Justícia i Pau), titulado “Evolución de la Banca armada en España”.
Esté súbito crecimiento, apunta el informe, se produce a
pesar de que cada vez son más “las entidades financieras que dicen aplicar
normativas específicas que limitan sus inversiones en armas, y de que exista un
número creciente de países que están adoptando leyes que prohíben o limitan la
financiación de las empresas productoras de bombas de racimo o minas
antipersonal”.
El estudio, realizado por los investigadores Jordi Calvo,
Ainhoa Díaz, Jordi Alsina, Arnau Jordà, Cristina Mediavilla y Blanca Nogueras,
apunta además que los bancos que más aumentan sus inversiones en armas son
precisamente aquéllos que afirman tener las mejores normativas y políticas al
respecto.
En un “ranking” de la banca armada española en 2013 (que
calcula el total de las inversiones en armas de las entidades financieras), el
informe sitúa en primer lugar al BBVA (3.626.568.802 euros), seguido del Banco
de Santander (1.723.751.052 euros), Bankia (392.516.426 euros), Banca March
(117.415.618 euros), Liberbank (92.764.436 euros), CaixaBank (37.447.993
euros), CatalunyaCaixa (31.960.000 euros); Banco Sabadell (25.503.453) y Banco
Popular (21.883.030 euros), entre otras. Las 28 entidades contabilizadas suman
una inversión armamentística de 7.238.622.529 euros (se incluyen en el estudio
las entidades estatales SEPI (919.490.889 euros) e ICO (116.000.000 euros).
El informe del Centre Delàs detalla la tipología de
inversiones en armamento de la banca española. Por ejemplo, se desgranan la
participación de las entidades financieras en las factorías bélicas a través de
fondos de inversión, acciones y bonos en el periodo 2009-2013 (el total
acumulado asciende a 1.679.586.212 euros). Ocupa el primer lugar en la ratio el
SEPI (919.490.889 euros), seguido de Bankia ( 325.763.485 euros), la Banca March
(177.415.618 euros), Santander (106.250.307 euros), Liberbank (92.764.436
euros), BBVA (31.156.068 euros), Banco Sabadell Atlántico (5.460.167 euros),
Aviva (2.778.981 euros), Renta 4 (2.149.831 euros), Mapfre (1.911.311 euros),
Caixabank (1.862.052 euros) e Ibercaja-Caja 3 (1.818.918 euros), entre otros.
Se desglosan, además, los créditos de la banca española a
empresas de armamento de las entidades financieras españolas durante el periodo
2005-2013, que ascienden a 4.326.668.545euros.
El listado comienza por el BBVA (2.657.887.157 euros), Santander (1.322.658.549
euros), el ICO (116.000.000), Bankia (66.752.941 euros), CaixaBank (35.585.941
euros), Catalunya Caixa (31.600.000 euros), Banco Sabadell-Atlántico
(20.043.285 euros), Ibercaja-Caja 3 (18.936.493 euros), Banco Popular-Pastor
(17.652.249 euros), Kutxabank (17.352.941 euros), BMN (17.352.941 euros),
Cajamar Caja Rural (2.692.750 euros) y Unicaja-Caja España-Dureo (2.153.927
euros).
El estudio introduce, además de series estadísticas,
elementos para la reflexión. ¿Cómo han respondido los bancos a las polémicas
generadas por sus inversiones en la industria bélica, cuando ésta trasciende a
la opinión pública? Apunta el estudio que muchos bancos “han desarrollado una
política de control de sus relaciones con este sector”. Sin embargo, “éstas son
de reducido impacto y de dudosa aplicación, vistas las elevadas inversiones de
la banca tradicional en empresas de armas de todo tipo, incluidas algunas de
las que afirman no realizar”.
Del análisis de las prácticas bancarias se infiere que
muestran –sobre todo las grandes entidades financieras- especial atención a las
armas más controvertidas, es decir, aquéllas que ofrecen peor imagen social.
Además, señala el informe del Centre Delàs, los bancos limitan sus
prohibiciones a casos concretos de financiación, y hacen mención
fundamentalmente a la financiación directa (con los fondos del banco), pero no
de los clientes que así lo deseen. Incluso hay entidades que se reservan la
opción de aprobar algunas de estas inversiones “bajo sospecha” por la alta
dirección.
En conclusión, “del análisis de las inversiones en armas de
los bancos citados y de los últimos informes realizados, podemos comprobar que
las inversiones en armas controvertidas no cesan”.
Para adecentar su “imagen de marca”, la banca se apunta a la
idea de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que los investigadores
autores del estudio califican de “mero marketing social, que identifica el
nuevo nicho de mercado que conforman consumidores y consumidoras conscientes, e
intenta que el banco en cuestión sea atractivo a los ojos de este mercado en
crecimiento”.
Otro listado de interés, por último, es el de las
inversiones en armas (un total de 36.203.003.638 euros) de bancos extranjeros
que operan en el estado español. Figuran en este apartado entidades como BNP
Paribas (10.664.842.808 euros), Citibank-Citigroup (8.745.657.450 euros),
Deutsche bank (7.435.146.884 euros), Barclays bank (3.836.302.683 euros), HSBC
(3.559.273.610 euros), Allianz (973.628.213 euros), ING Bank (424.212.069
euros), AXA (415.776.657 euros), AIG (127.646.948 euros) y Bankinter
(20.516.318 euros).
Fuente: Rebelión
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